Se las denomina también como Vivienda con Protección Pública o Vivienda Protegida y es un tipo de vivienda parcialmente subvencionada por la administración pública española.
El objetivo de la VPO es favorecer que los ciudadanos con rentas más bajas puedan adquirir o arrendar viviendas.
Cuando una vivienda se clasifica como VPO, tanto el constructor/promotor como el comprador reciben ciertos beneficios, a cambio de los cuales quedan sujetos a ciertas condiciones legales durante el tiempo de clasificación de la vivienda como VPO.
El constructor se compromete a no vender la vivienda por encima de un precio máximo fijado por la administración. Estos precios suelen estar bastante por debajo de los precios de mercado.
A cambio, recibe una serie de beneficios, incluyendo la financiación de una gran parte del proyecto (hasta el 80%) a un tipo de interés bajo.
A veces, la administración impone al constructor la edificación de VPO como condición para permitir la edificación de vivienda libre.
El comprador obtiene una vivienda a un precio notablemente inferior al del mercado (en ocasiones también subvenciones económicas para la compra).
A cambio, la vivienda tiene una normativa de uso y venta especial:
1) Debe ser el domicilio habitual del comprador.
2) Si el comprador quiere revender la vivienda, el precio está fijado por la administración, quien además posee derecho preferente de compra.
La calificación de VPO suele tener un periodo de validez, tras el cual la VPO pasa a ser vivienda libre. En ocasiones es posible desclasificar una vivienda como VPO antes de la terminación del periodo de validez. En ese caso, las administraciones suelen exigir la devolución de las subvenciones otorgadas.
En términos generales, para que una vivienda sea clasificable como VPO, la administración establece una serie de requisitos legales tanto para la vivienda (tamaño y precio máximos) como para el comprador (ingresos máximos, típicamente expresados en múltiplos del IPREM, no disponibilidad de otra vivienda, empadronamiento en el territorio regido por la administración, etc.).
Cuando el número de potenciales compradores excede al de la oferta de VPO, las administraciones suelen recurrir a sorteos para decidir las adjudicaciones.
Viviendas de promoción pública
En ocasiones, el promotor es la misma administración. En este caso, se habla de VPO de promoción pública. En comparación, cuando el promotor es una entidad privada, se habla de VPO de promoción privada.
Cuando una VPO se destina a compradores de ingresos extremadamente bajos, en ocasiones se usa el término VPO de régimen especial. En comparación, las demás VPO se denominan VPO de régimen general.
La inspección de viviendas de protección oficial detecta una media del 10% de irregularidades
Se han detectado irregularidades en el uso del 10% de las viviendas de protección oficial, imponiéndose sanciones y, en algunos casos, iniciando procesos de expropiación de pisos que permanecían vacíos o que estaban ocupados por personas que no eran sus adjudicatarios, tras un alquiler o venta irregular.
Con el objetivo de que no permanezcan vacías, ni se alquilen o se vendan irregularmente. La inspección conlleva una investigación en la que se consulta el registro de este tipo de pisos, el catastro y otros datos como los consumos habituales, hasta determinar si son susceptibles de ser sancionados.
De las viviendas investigadas, la sanción media alcanza los 2.188 euros por multa, que pueden llegar hasta los 6.000 euros de penalización e incluso se repiten las sanciones si la irregularidad cometida permanece.
Las medidas pueden ser recurridas y, por lo tanto, en muchos casos su cobro se retrasa en el tiempo. Se cifra en el 10%, el nivel de indicios de irregularidad que se cometen respecto a las viviendas protegidas. Además, en ocasiones se ponen en marcha procesos de expropiación de viviendas que permanecen más de un año vacías o fueron usadas por personas no autorizadas, aunque en algunos de los casos no se llegó hasta el final porque sus titulares terminan vendiéndola al Ejecutivo.
El servicio de inspección revisa una muestra de pisos del parque de viviendas de protección oficial. Los inspectores de dicho servicio, que trabajan de manera permanente pero también de oficio, tienen obligación de avisar a los titulares del piso antes de ir a visitarles y su actividad se enmarca dentro del plan global de lucha contra el fraude.
Frecuentemente la Ley obliga además a que todas las viviendas protegidas sean adjudicadas mediante sorteo para primar la igualdad de oportunidades y ocasionalmente se amplía la calificación de vivienda protegida a toda la vida útil del piso, para que evitar que se puedan vender como vivienda libre y obtener plusvalías injustificadas.
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