Pese a que este control fue establecido por la Ley de medidas para la prevención del fraude fiscal que entró en vigor a finales de 2006, es desde este año 2008 cuando Hacienda empieza a controlar las operaciones vinculadas realizadas entre empresas pertenecientes a un mismo grupo.

La citada Ley establece que los precios de transferencia utilizados en esas operaciones deben reflejar valores similares a los normales del mercado.

Por ello, los grupos tienen obligación de presentar una documentación que demuestre que las empresas cumplen con este precepto, pero los aspectos más precisos de esta documentación tienen que desarrollarse en una norma que previsiblemente será aprobada a lo largo de este año.